Nuevos esfuerzos del estado por tornar la balanza del lado que no corresponde. La Ley Lassalle es el nuevo arma que tienen las editoriales y demás entidades que se abanderan como defensores de los autores.

Ahora, además de potenciar la Comisión Sinde, ataca al derecho a la copia privada y, por si fuese poco, se apropia de recursos open access y del dinero de los no socios. En concreto, se quieren sustraer unos 10 millones de euros a la ya de por sí desgastada universidad. Hablando claro, estamos ante una expropiación del procomún.

Ya a nadie le cabe duda de que el estado, en materia de propiedad intelectual, se aleja bastante del interés ciudadano; por no querer calificarles de vándalos.